Ago 18 al 22
  ¿Sabía Ud. que?

El símbolo de PDVSA está basado en un petroglifo en forma de sol ornamentado, representado en la Piedra Guarataro que se encuentra en Caicara del Orinoco. La simbología del sol como fuente de energía es asociado con la empresa.
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Primeras noticias sobre el petróleo
Concesión petrolera: concesión de soberanía
De la privatización a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela
Nuevas leyes
La nueva política petrolera
El sabotaje contra la industria petrolera nacional
La Apertura petrolera: reprivatización del negocio
 
La Apertura petrolera: reprivatización del negocio

La Apertura Petrolera fue, sin duda, la más importante de las fórmulas adoptadas durante la última década del siglo XX,  para responder acríticamente a las exigencias y condiciones de la globalización neoliberal. Con ella se inició un proceso que transfirió del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional, importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país, que desde la nacionalización habían estado reservadas al Estado venezolano. Además, los pasos dados en esa dirección acarrearon muy elevados costos para el fisco nacional. Con la Apertura se avanzó hacia una profundización de la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado, tratando de hacer de ella un Estado dentro del Estado.

Muy variados factores participaron en esa historia de debilitamiento del anterior Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los lineamientos y control del Estado venezolano. Factores que van desde la instauración de un nuevo orden mundial y la globalización de orientación neoliberal, hasta la crisis venezolana expresada en la deslegitimación que sufrió su sistema político y el deterioro de sus partidos, pasando por el surgimiento y fortalecimiento de un liderazgo “tecnocrático” dentro de la industria y el reclamo de tinte neoliberal en la redefinición del papel del Estado. La calidad de la función del MEM se fue deteriorando con el pasar de los años, mientras PDVSA se fue fortaleciendo y consolidando, alcanzando mayores niveles de independencia y autonomía frente al Estado, con gran menoscabo del aporte fiscal al mismo y a contracorriente de los más altos intereses del pueblo venezolano, el auténtico propietario del recurso petrolero.

Fue en este marco que PDVSA llegó a convertirse, por iniciativa propia y por omisión de otros, forzando caminos y llenando vacíos, en el centro principal, y casi exclusivo, de diseño de políticas antinacionales en materia petrolera. La Apertura Petrolera tuvo aquí su origen, y su justificación se fundamentó en el polémico artículo 5°, el mismo que modificara “oportunamente” Carlos Andrés Pérez, durante la aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacioanl, para permitir la participación privada en el negocio petrolero.

Entre 1986 y 1987 se volvió al viejo régimen de concesiones, al iniciarse lo que se llamó la "Apertura Petrolera", esta vez bajo la modalidad de convenios operativos y asociaciones estratégicas para reactivar campos, producir crudo, explotar gas natural costa afuera, explorar áreas prospectivas, crear empresas mixtas, competir libremente en los mercados petroleros, y explotar y comercializar el carbón. En 1992, la vieja PDVSA inició un proceso masivo de "tercerización" que ocasionó una pérdida, nunca antes vista, de la efectividad nacional para manejar la industria petrolera y terminó dejándola prácticamente en manos de compañías extranjeras.

Inicialmente, la Apertura Petrolera generó 2.000 millones de dólares en inversiones extranjeras para PDVSA. Pero, a partir de 1992, la visión de los ejecutores del proceso de Apertura afectó negativamente la capacidad tecnológica y gerencial nacional para manejar la empresa y, por ende, la soberanía venezolana sobre la industria.

En 1996, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de Francia; British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de China; y Repsol, de España). Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los cuales participaron también empresas nacionales de capital privado, tales como Polar, Inelectra y Arco, dejando al pequeño inversionista un máximo de participación de 10%.

A partir de 1992, la alta gerencia de PDVSA, que hasta entonces se nos había presentado como un modelo de eficiencia gerencial y empresarial, comenzó a perder control de la rentabilidad de la empresa. Mientras que la producción se elevó un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%, de manera que la diferencia entre costo de producción y precio de venta de cada barril se redujo tanto que, de seguir esa tendencia, la empresa no sería rentable para Venezuela, pero sí para el capital inversionista extranjero.

La Apertura petrolera, con sus esquemas de convenios operativos para la reactivación y explotación de áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la producción, tuvo como uno de sus objetivos principales el control de la producción y comercialización de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Más aun, el sector privado buscaba, aplicando la cartilla neoliberal, controlar definitivamente las áreas petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de tercerización (outsourcing), la estrategia se centró especialmente en la producción de gas natural y el área de servicios, que resultó ser un aspecto medular, particularmente la informática.

PDVSA, punta de lanza de estos intereses, llega a ser considerada para ese momento un ‘Estado’ dentro del Estado. Prueba de ello es lo que se generó a partir del descubrimiento realizado por Lagoven, filial de PDVSA, de grandes yacimientos de gas libre en el oriente venezolano. Inmediatamente, Shell International Gas Limited promueve la idea de exportar gas licuado a Estados Unidos y Lagoven, para tramitar la viabilidad del negocio propuesto por la Shell, demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de varios artículos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, los cuales protegían a la Nación contra los intereses de las empresas extranjeras. Fue tanta la presión ejercida, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Lagoven, creando así el marco legal para la realización del proyecto, el cual recibió el nombre de "Cristóbal Colón".

La internacionalización de la empresa degeneró en la transferencia de recursos e ingresos petroleros venezolanos hacia el exterior. Otro agravante fue la existencia de empresas que resultan no auditables para Venezuela, debido a trabas contables y jurídicas propias de la internacionalización. Además, algunas refinerías en el exterior, donde se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, fueron un mal negocio, ya que en muchos casos se adquirieron equipos técnicamente obsoletos e instalaciones pertenecientes a compañías en graves dificultades financieras. De hecho, muchas de ellas no podían refinar crudos pesados venezolanos, por lo que PDVSA comenzó a comprar crudos a otros países para poder utilizar dichas refinerías.

Quizás el mayor de los problemas gerenciales lo constituyó la "tercerización" (outsourcing). Para la década de los 90, PDVSA ya había logrado la experticia en materia tecnológica necesaria para manejar sus actividades, incluyendo los aspectos administrativos y la automatización de los procesos técnicos de la empresa. Pero, repentinamente y sin explicaciones justificadas, se entregó este conocimiento a empresas de servicios extranjeras, las cuales comenzaron a satisfacer las necesidades de PDVSA de manera tan excluyente que afectaron la capacidad gerencial y tecnológica nacional para manejar la empresa. Este factor impidió la generación de empresas de servicios nacionales e incrementó desproporcionadamente los costos operativos de PDVSA.

De haber continuado esta tendencia privatizadora, la situación de la Corporación se agravaría en la década 2000-2009. El costo del Plan de Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a 55 millardos de dólares (75 a 82 billones de bolívares), de los cuales solamente el 38% se destinaría a actividades propias de la empresa, mientras que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se destinaría a la tercerización.

En 1997, durante la gestión de Luis Giusti, quien actualmente es un alto funcionario de la Shell y asesor en el área de energía del presidente Bush, se creó la empresa de servicios informáticos INTESA. Ella contó con 40% de capital accionario de PDVSA y 60% de SAIC (Science Applications International Corporation). SAIC es una empresa que ha montado los sistemas de defensa y ataque aeroespacial mundial del Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene como administradores al general Wayne Downing (ex comandante en jefe de las fuerzas especiales de Estados Unidos), al general Jasper Welch (ex coordinador del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos) y al almirante Bobby Ray Inman (ex director de la Agencia Nacional de Seguridad y antiguo director de la CIA). SAIC también presta sus servicios a otras empresas petroleras del mundo, incluyendo las competidoras de PDVSA.

INTESA terminó controlando desde sus servidores todos los datos financieros, presupuestarios, de instalaciones físicas operativas y de negocios de PDVSA. De esa manera, información que se califica como confidencial, y que es de importancia fundamental para la seguridad y defensa de nuestra soberanía, volvió a quedar en manos de una empresa transnacional. Es importante señalar que diversos miembros de PDVSA, así como parlamentarios del Congreso Nacional, se opusieron sin éxito a que INTESA manejara de esa manera toda la información y operaciones de la empresa petrolera venezolana. Finalmente, en junio de 2002, debido a un informe de la Contraloría General de la República que objetó el contrato de servicios entre PDVSA e INTESA, se decidió rescindir este contrato y reestructurar el manejo informático automatizado de la empresa petrolera.

Convenios operativos

Con una duración de 20 años por cada convenio, inversionistas y operadores privados asumieron la producción de crudo de algunos campos supuestamente inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción. Fueron firmados 33 convenios operativos en 1992, 1993 y 1997. En los contratos de la segunda y tercera ronda, específicamente, se cede la soberanía jurídica del país, al establecer que cualquier diferencia será resuelta en tribunales internacionales y no se ponen límites a la profundidad permitida en las perforaciones. El no establecer un límite a la profundidad, ha permitido que en más de uno de los campos objeto de estos convenios se hayan encontrado y están en producción nuevos yacimientos. Se han topado con esta suerte, por ejemplo, las contratistas de los campos de Quiriquire y Jusepín (Estado Monagas) y Pedernales (Estado Delta Amacuro).

Los convenios operativos no son en realidad simples contratos de servicios sino verdaderas concesiones petroleras. El fin último de estas iniciativas era la re-privatización de la industria petrolera. Dada la forma en la que se ejecutaron estos esquemas de negocios, se terminó violando ciertas potestades del Estado venezolano pues se cedieron a terceros actividades claramente reservadas a éste como las de exploración, perforación y producción.

A esto se suma que los contratos de las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, autorizados por el extinto Congreso de la República durante la segunda gestión del expresidente Rafael Caldera, fueron violados reiteradamente por las anteriores juntas directivas de PDVSA y las empresas privadas participantes, a espaldas de lo autorizado inicialmente por los legisladores. Las empresas petroleras internacionales participantes adeudan desde el año 2000 hasta junio de 2005 más de 4 millardos de dólares en impuestos y regalías.

Asociaciones “estratégicas”

Habiendo creado la falsa matriz de opinión acerca de la disminución de las reservas del crudo venezolano y la supuesta falta de interés traducida en la escasa inversión por parte de las empresas transnacionales, en 1994, el Directorio de PDVSA aprobó diez áreas para desarrollar bajo la figura de Asociaciones para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y la Producción de Hidrocarburos Bajo el Esquema de Ganancias Compartidas. Es así como el capital privado internacional siguió controlando la exploración y explotación de crudos convencionales, ligeros y medianos, que son el centro del negocio petrolero en Venezuela. El instrumento de esta operación fue denominado Participación del Estado en la Ganancia (PEG). Fue denunciado en su oportunidad como una medida que mantenía la figura de las antiguas concesiones.

En el caso de estas asociaciones se ha encontrado, por ejemplo, que aunque los contratos estipulaban una producción de hasta 100 mil barriles, por los que se pagaría una regalía de 1%, las empresas extraían hasta el doble aplicando al conjunto la misma ganancia, cuando debían pagar por los 120 mil restantes 30% más. Han existido casos además, en que las empresas han ocupado hasta el doble de los terrenos de explotación, sin estar autorizados para ello.

La Orimulsión

La tendencia privatizadora que caracterizó a la Apertura petrolera, tuvo en la Orimulsión su ejemplo más significativo. Los crudos pesados y extrapesados que se localizan en la Faja del Orinoco (el mayor reservorio de hidrocarburos del mundo) no presentaban, antes de la nacionalización, interés comercial para su explotación como hidrocarburo. Para desarrollar comercialmente ese patrimonio de la nación, PDVSA crea un producto más barato, que escapa a las regulaciones internacionales sobre hidrocarburos. Nace, entonces, el “bitumen”, el cual es promocionado como combustible industrial diseñado para plantas de generación de electricidad, fábricas de cemento, plantas de fertilizantes y complejos químicos, y como sustituto del carbón y el aceite pesado o fuel oil. La filial de PDVSA Bitúmenes Orinoco, S.A. (BITOR), nace en 1988 para producir y comercializar la Marca Registrada Orimulsión.

Lo que no dijo PDVSA en su momento, con respecto a la viabilidad comercial de la Orimulsión, fue que su contribución fiscal era muy inferior al resto de los hidrocarburos producidos en Venezuela. Usando como argumento el alto nivel de tecnología y las inversiones requeridas, el esquema previsto para el desarrollo de la Orimulsión era la participación del capital privado, esquema que también se aplicó en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales. En 2004, el MEM anunció que no continuaría promoviendo la comercialización de la Orimulsión por la muy baja retribución al fisco. La viabilidad comercial de ese nuevo combustible se sustentaba en regalías de 1% e impuesto sobre la renta de 34%.

¿Qué obtuvo la nación venezolana de PDVSA durante la Apertura petrolera?

Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron significativamente en los últimos años. En 1981, el ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos.

Períodos

Aportes a la Nación (A)*

Gastos de PDVSA (B)*

Relación A/B

1976-1979 120.092 30.267 80/20
1980-1984 271.089 62.354 81/19
1985-1989 563.181 127.977 81/19
1990-1996 7.735.982 3.795.966 67/33
2000 10.000.000 40.000.000 20/80
*Millones de bolívares (PDVSA 1976 al 2002)

Para el año 2000, los ingresos petroleros fueron de 50.000 millones de dólares, de los cuales el Estado venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%) y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en los denominados costos operativos PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo traspasando, desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se inició la internacionalización hasta 2000, las filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno nacional del presidente Hugo Chávez.