Dic 15 al 19
  ¿Sabía Ud. que?

El símbolo de PDVSA está basado en un petroglifo en forma de sol ornamentado, representado en la Piedra Guarataro que se encuentra en Caicara del Orinoco. La simbología del sol como fuente de energía es asociado con la empresa.
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Concesión petrolera: concesión de soberanía
De la privatización a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela
Nuevas leyes
La nueva política petrolera
El sabotaje contra la industria petrolera nacional
La Apertura petrolera: reprivatización del negocio
 
Nuevas leyes

Con la toma de posesión del gobierno de Chávez, si bien se ha insistido en que los contratos y acuerdos contraídos por la República serán respetados, y hasta la fecha así ha sido, también se ha anunciado que ellos serán revisados en defensa de los intereses de la Nación. Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado atrás.

Al iniciarse el gobierno de Chávez mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico complejo y no del todo coherente. Esta situación fue modificada con la promulgación de dos instrumentos legales que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Entre los cambios más importantes que estos instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales a los dispositivos de captura de la renta. La nueva legislación por un lado incrementa la regalía y por el otro equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la ganancia– con las restantes actividades económicas en el país. Para el gas el mínimo para la regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no sea estimulada a fugarse del país.