El Decreto de Quito: Base del actual Derecho Minero y de Hidrocarburos de Venezuela

Caracas.- El 24 de octubre de 1829, el Libertador Simón Bolívar, promulgó un Decreto que permitió a las nacientes repúblicas latinoamericanas el manejo soberano sobre las inmensas riquezas minerales dispuestas en su territorio, que habían sido despojadas del subsuelo durante siglos por los reinos europeos.

El llamado Decreto de Quito, establece que la propiedad de las minas ya no pertenecía a la corona española: “Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase, corresponden a la República”.

De esta manera, se dejaba atrás a las “Ordenanzas para la Minería para la Nueva España”, mediante las cuales se asignaba la propiedad de las minas, y cualquier otra riqueza que emanara de la tierra, a la corona española.

También expresa la necesidad de promover los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, y difundir el espíritu de asociación y de empresa, “para que la minería llegue al alto grado de perfección que se necesita para la prosperidad del Estado”.

SOBERANÍA PETROLERA

El Decreto de Quito es el punto de partida de la política energética del Estado, de los estatutos de la Constitución Nacional y de la Ley de Hidrocarburos, en las cuales se señala que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, independientemente de su naturaleza, pertenecen a la República y son de dominio público, ratificando así la Soberanía de Venezuela, e impidiendo el manejo de nuestras riquezas por parte de intereses transnacionales. Desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, puso en marcha su visión plenamente Bolivariana sobre el carácter estratégico y esencial que tiene el control de la actividad petrolera para el desarrollo económico y social del país.

Una de las primeras acciones para tomar control sobre la industria petrolera se vio reflejada en el proceso constituyente, al establecer en la Constitución de la República Bolivariana, en sus artículos 12, 302 y 303, la reserva de las actividades primarias de la industria petrolera al Estado venezolano, y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como la operadora nacional 100% propiedad de la República.

El legado heredado del Comandante Eterno, Hugo Chávez, y continuado por nuestro Presidente Obrero, Nicolás Maduro, mantiene la premisa que los ingresos recibidos por el país como producto de la comercialización de nuestros bienes energéticos, sean invertidos en políticas de salud y educativas, a fin de vincular nuestra riqueza petrolera al desarrollo económico, para el bienestar del pueblo, tal y como lo indica la Ley de Hidrocarburos.